Introducción
El Global Risks Report 2026 elaborado anualmente por el World Economic Forum (WEF) ofrece un panorama de las amenazas percibidas que, según expertos de múltiples disciplinas, podrían desencadenar crisis o deteriorar la estabilidad global en distintos horizontes temporales: inmediato (2026), a corto-medio plazo (2 años) y a largo plazo (10 años). La 21ª edición de este informe describe un nuevo contexto global caracterizado por la intensificación de las rivalidades económicas y geopolíticas, una multipolaridad creciente, y una preocupación renovada por los riesgos tecnológicos y sociales.
El corazón del mensaje del informe es que el mundo ha entrado en una nueva era de competencia sistémica, en la que las herramientas económicas, tecnológicas y políticas dejan de ser meros instrumentos de colaboración para convertirse en vectores de confrontación. Este cambio de paradigma tiene profundas implicaciones para la gobernanza global, la cooperación multilateral, las estrategias de mitigación del riesgo y, en última instancia, para la resiliencia de sociedades enteras.
Conviene recordar, como ya señaló Ulrich Beck, que el riesgo no es únicamente una probabilidad estadística, sino una construcción social mediada por poder, conocimiento y narrativa. En este sentido, el Global Risks Report no describe el futuro, sino cómo determinadas élites imaginan y temen ese futuro.
Este artículo ofrece una lectura crítica y de opinión fundamentada sobre las propuestas del Informe de Riesgos Globales 2026 del WEF, evaluando no solo su diagnóstico de riesgos sino sus limitaciones metodológicas, sus supuestos subyacentes y las implicaciones éticas y políticas de aceptar su narrativa dominante.
El auge de la geoeconomía como riesgo principal
El Global Risks Report 2026 del World Economic Forum sitúa la confrontación geoeconómica como el riesgo global más probable a corto plazo. Bajo este término se agrupan fenómenos como el uso de sanciones económicas, restricciones comerciales, control de tecnologías críticas, guerras arancelarias, manipulación de cadenas de suministro y políticas industriales defensivas como herramientas de presión estratégica entre bloques de poder. El informe sostiene que estas dinámicas están sustituyendo progresivamente al conflicto armado directo como principal fuente de inestabilidad sistémica.
A primera vista, el diagnóstico parece razonable. El escenario internacional contemporáneo muestra una creciente instrumentalización de la economía como campo de batalla: la fragmentación del comercio global, la relocalización forzada de industrias estratégicas, el desacoplamiento tecnológico y la securitización de recursos energéticos y minerales críticos son hechos empíricamente observables. Sin embargo, aceptar sin matices esta jerarquización del riesgo exige una lectura crítica más profunda, tanto desde el punto de vista metodológico como desde su dimensión política y performativa.
El primer punto crítico reside en comprender qué tipo de conocimiento produce realmente el informe. El Global Risks Report no se basa en modelos probabilísticos duros, simulaciones sistémicas ni análisis cuantitativos de impacto comparado. Su núcleo metodológico es una encuesta de percepción a expertos, mayoritariamente provenientes de ámbitos gubernamentales, corporativos, financieros y académicos vinculados a la gobernanza global.
Esto no invalida el informe, pero sí obliga a situarlo correctamente: no estamos ante una cartografía objetiva del riesgo global, sino ante un mapa de ansiedades, prioridades y marcos mentales de una élite decisoria concreta. Como ya advirtió Paul Slovic en sus estudios sobre percepción del riesgo, los seres humanos, incluidos los expertos, no evalúan los riesgos únicamente en función de probabilidades estadísticas, sino mediante atajos cognitivos influidos por contexto, intereses, familiaridad y consecuencias percibidas.
Desde esta perspectiva, la centralidad de la confrontación geoeconómica refleja tanto una realidad emergente como una preocupación específica de los actores que más directamente se ven afectados por la disrupción de mercados, cadenas de suministro y flujos de capital. El riesgo, aquí, no es solo un fenómeno externo: es también un reflejo del lugar desde el que se observa el mundo.
El segundo nivel de análisis apunta a un sesgo más profundo. El WEF es, por definición, una plataforma donde confluyen grandes corporaciones, instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Su ADN institucional está estrechamente ligado a la estabilidad del sistema económico globalizado tal como lo hemos conocido en las últimas décadas.
No resulta sorprendente, por tanto, que los riesgos que amenazan ese sistema, de fragmentación comercial, guerras tecnológicas y proteccionismo estratégico, emerjan como prioritarios. Sin embargo, este énfasis puede producir una sobreponderación de riesgos que afectan a la arquitectura económica global, en detrimento de otros que impactan de forma más directa y cotidiana sobre poblaciones vulnerables, pero que no alteran inmediatamente los equilibrios macroeconómicos.
En otras palabras, lo que para el sistema es un riesgo existencial, para millones de personas puede ser una condición estructural permanente, y viceversa. Esta asimetría no invalida el análisis, pero sí exige reconocer que el ranking de riesgos no es neutral ni universal.
Un aspecto especialmente relevante del informe es el desplazamiento simbólico del conflicto armado clásico en favor de la confrontación geoeconómica. Este movimiento semántico sugiere una transición hacia formas “menos violentas” de competencia entre estados. Sin embargo, esta lectura es, como mínimo, incompleta.
Las guerras económicas no son incruentas. Las sanciones prolongadas, los bloqueos comerciales y la exclusión tecnológica generan efectos materiales profundos: inflación, desempleo, deterioro de sistemas sanitarios, inseguridad alimentaria y colapsos institucionales. La violencia no desaparece; se difumina, se externaliza y se distribuye de forma desigual, afectando sobre todo a poblaciones que no participan en la toma de decisiones estratégicas.
Desde esta óptica, presentar la confrontación geoeconómica como una alternativa “menos peligrosa” al conflicto armado puede funcionar como una forma de normalización del daño indirecto, desplazando la responsabilidad moral fuera del campo de visión inmediato.
Aquí emerge uno de los puntos más críticos y menos explicitados del informe, el carácter performativo del riesgo. Cuando una institución con la legitimidad simbólica del WEF identifica la confrontación geoeconómica como el principal riesgo global, no solo describe una tendencia, contribuye activamente a consolidarla como marco dominante de interpretación y acción.
Nombrar un riesgo no es un acto inocente. En ciencia social, sabemos que las categorías analíticas influyen en el comportamiento de los actores. Definir el mundo como un escenario de competencia geoeconómica inevitable legitima políticas defensivas, refuerza narrativas de suma cero y reduce el espacio político para soluciones cooperativas. El riesgo, así, se convierte en una profecía autocumplida.
Este fenómeno recuerda a lo que Ulrich Beck denominó la “sociedad del riesgo”: una sociedad en la que la anticipación de amenazas futuras reorganiza decisiones presentes, a menudo sin un debate democrático equivalente sobre quién define esos riesgos y con qué criterios.
Aceptar sin cuestionamiento este marco implica asumir que la fragmentación del orden global es inevitable y que la respuesta racional consiste en prepararse para competir mejor. Sin embargo, esta lógica puede erosionar precisamente los mecanismos multilaterales que históricamente han mitigado conflictos sistémicos. La paradoja es evidente: al intentar protegernos del riesgo, podemos amplificarlo.
La confrontación geoeconómica no es solo un fenómeno externo que deba gestionarse, es también una narrativa que puede ser desafiada. Reconocer su centralidad como riesgo no debería llevarnos a naturalizarla, sino a preguntarnos por las condiciones políticas, institucionales y cognitivas que la están haciendo posible.
Riesgos ambientales a largo plazo
El Global Risks Report 2026 elaborado por el World Economic Forum sitúa de nuevo los riesgos ambientales en lo más alto del horizonte de diez años. Fenómenos meteorológicos extremos pérdida de biodiversidad colapso de ecosistemas y cambios críticos en los sistemas terrestres aparecen como las amenazas con mayor impacto potencial para la estabilidad global futura. Esta reiteración no sorprende. Desde hace más de dos décadas la ciencia climática ha documentado con creciente precisión la aceleración del calentamiento global y sus efectos sistémicos sobre el planeta y las sociedades humanas.
Aquí, el modo en que el informe distribuye estos riesgos en el tiempo, merece una lectura crítica. Al relegar los riesgos climáticos al largo plazo mientras prioriza amenazas económicas y geopolíticas en el corto plazo el documento reproduce una lógica de aplazamiento que resulta profundamente problemática desde el punto de vista científico cognitivo y político. El riesgo ambiental no es una amenaza futura que espera pacientemente su turno. Es un proceso en curso cuyos efectos ya están alterando sistemas económicos sociales y biológicos de manera acumulativa y no lineal.
La ciencia climática contemporánea representada de forma sistemática por organismos como el Intergovernmental Panel on Climate Change ha demostrado que muchos de los impactos más graves del cambio climático no siguen una progresión gradual. Funcionan mediante umbrales y puntos de inflexión. El deshielo acelerado de las capas polares la alteración de corrientes oceánicas o la pérdida masiva de biodiversidad pueden desencadenar cambios abruptos difíciles de revertir incluso si se reducen las emisiones en fases posteriores. En este contexto conceptualizar el riesgo climático como un problema de década vista introduce una falsa sensación de margen temporal que no se corresponde con la evidencia empírica.
Existe aquí una tensión fundamental entre percepción y realidad. Desde el punto de vista cognitivo los seres humanos tienden a infravalorar riesgos que no generan una amenaza inmediata visible. Este fenómeno ampliamente estudiado en psicología del riesgo explica por qué eventos estadísticamente ciertos, pero temporalmente difusos reciben menos atención que crisis económicas repentinas o conflictos geopolíticos visibles. El informe del WEF lejos de corregir este sesgo parece institucionalizarlo al estructurar el análisis en horizontes temporales que favorecen la acción reactiva frente a la preventiva.
El desplazamiento del riesgo climático hacia el largo plazo no es neutral. Tiene consecuencias políticas directas. Permite justificar la postergación de decisiones estructurales profundas bajo el argumento de urgencias más inmediatas. Facilita que las políticas climáticas queden subordinadas a ciclos electorales cortos y a prioridades macroeconómicas de corto recorrido. De este modo el riesgo ambiental se convierte en un telón de fondo permanente reconocido retóricamente pero raramente abordado con la radicalidad que exige su naturaleza sistémica.
Más aún el propio informe reconoce de forma implícita que muchos de los riesgos identificados como prioritarios a corto plazo están directa o indirectamente amplificados por la crisis climática. La inseguridad alimentaria las migraciones forzadas la inestabilidad política en regiones vulnerables o la presión sobre recursos estratégicos no pueden entenderse al margen de los cambios ambientales. Separar analíticamente estos fenómenos puede resultar útil para ordenar un informe, pero resulta engañoso para comprender la dinámica real de los riesgos globales.
Desde una perspectiva sistémica el riesgo climático no compite con otros riesgos. Los condiciona. Actúa como un multiplicador que intensifica tensiones económicas exacerba conflictos sociales y debilita la resiliencia institucional. Tratarlo como un riesgo diferido equivale a diagnosticar los síntomas sin atender la patología subyacente. Es una forma sofisticada de negación temporal que no se manifiesta como rechazo explícito de la ciencia sino como gestión burocrática del tiempo.
Esta lógica de aplazamiento revela también un problema más profundo relacionado con la gobernanza global del riesgo. Los costes de la inacción climática no se distribuyen de manera uniforme. Afectan primero y con mayor intensidad a regiones y poblaciones con menor capacidad de adaptación y menor influencia en los foros donde se definen las prioridades globales. Así el riesgo climático se convierte no solo en una amenaza ambiental sino en un factor de injusticia estructural que refuerza desigualdades preexistentes.
Resulta especialmente revelador que el informe mantenga una narrativa de consenso sobre la gravedad del cambio climático mientras normaliza su subordinación temporal. Esta disonancia entre reconocimiento y acción es uno de los rasgos definitorios de la gobernanza contemporánea del riesgo. Sabemos lo que ocurre. Sabemos por qué ocurre. Sabemos qué habría que hacer para mitigarlo. Y sin embargo seguimos actuando como si el problema perteneciera siempre a un futuro ligeramente posterior al presente.
Desde esta perspectiva la relegación del riesgo climático al largo plazo constituye en sí misma un riesgo cognitivo. No porque ignore la amenaza sino porque la encapsula en una categoría temporal que reduce su capacidad de movilizar decisiones transformadoras. Es como diagnosticar una enfermedad degenerativa perfectamente documentada y al mismo tiempo decidir que el tratamiento puede esperar porque los síntomas más graves aún no se han manifestado por completo.
El desafío no es por tanto reconocer el riesgo climático sino romper la arquitectura mental y política que permite aplazarlo indefinidamente. Mientras el riesgo ambiental siga siendo conceptualizado como una amenaza futura y no como un proceso activo que ya está reconfigurando el mundo cualquier estrategia global de mitigación seguirá siendo insuficiente. El informe del WEF acierta en el diagnóstico general, pero falla al no cuestionar el marco temporal que hace políticamente tolerable la inacción.
Riesgos tecnológicos y cognitivos
El Global Risks Report 2026 del World Economic Forum identifica los riesgos tecnológicos como una de las amenazas con mayor crecimiento en relevancia especialmente en el horizonte de diez años. Entre ellos destacan los efectos adversos de la inteligencia artificial la fragilidad de los sistemas digitales la ciberinseguridad y la pérdida de control sobre tecnologías de uso dual.
El informe reconoce que estas tecnologías no solo transforman economías y procesos productivos sino también estructuras sociales políticas y culturales. Sin embargo, el análisis presentado resulta insuficiente si no se incorpora una dimensión clave que permanece en gran medida implícita.
La tecnología digital contemporánea no es solo una infraestructura externa que soporta actividades humanas. Es un sistema que interactúa de forma directa con los mecanismos cognitivos fundamentales del ser humano. La atención, la memoria, la toma de decisiones y la percepción de la realidad están siendo moduladas de manera sistemática por entornos algorítmicos diseñados para maximizar eficiencia influencia o rentabilidad.
La inteligencia artificial en particular no debe entenderse únicamente como una herramienta avanzada de automatización o análisis. Es un agente estructurador del entorno cognitivo. Sistemas de recomendación modelos generativos y algoritmos de personalización configuran qué información se muestra cuándo se muestra y bajo qué forma emocional se presenta. Esta mediación constante altera los procesos de aprendizaje refuerza sesgos preexistentes y condiciona la construcción de narrativas colectivas.
Desde la neurociencia cognitiva sabemos que la atención es un recurso limitado y que la memoria no es un almacén pasivo sino un proceso dinámico influido por repetición emoción y contexto. Investigaciones de autores como Stanislas Dehaene han demostrado que aquello que capta la atención de forma reiterada tiende a consolidarse en la memoria y a influir en la toma de decisiones futuras. Cuando los entornos digitales están optimizados para maximizar tiempo de permanencia o respuesta emocional el resultado no es neutral. Se produce una reconfiguración progresiva de los hábitos mentales individuales y colectivos.
El informe del WEF menciona la desinformación y la manipulación informativa como riesgos sociales asociados a la tecnología, pero no profundiza suficientemente en su dimensión cognitiva. El problema no es solo la falsedad de ciertos contenidos sino la saturación informativa la fragmentación del contexto y la erosión de marcos compartidos de sentido. En un entorno donde la información se presenta de forma continua acelerada y emocionalmente cargada la capacidad de reflexión crítica se ve comprometida incluso cuando no existe una intención explícita de engaño.
Este fenómeno tiene implicaciones directas para la gobernanza democrática. La toma de decisiones colectivas requiere ciudadanos capaces de evaluar información compleja tolerar la incertidumbre y sostener debates prolongados. Cuando los sistemas tecnológicos favorecen respuestas rápidas simplificación extrema y polarización emocional se debilitan las condiciones cognitivas necesarias para el funcionamiento de instituciones democráticas estables.
El riesgo tecnológico es por tanto inseparable del riesgo político.
Otro aspecto insuficientemente tratado en el informe es la creciente dependencia estructural de sistemas automatizados en infraestructuras críticas. Energía transporte finanzas salud y seguridad operan cada vez más mediante sistemas interconectados altamente complejos. Esta complejidad aumenta la eficiencia, pero también introduce nuevas formas de fragilidad sistémica. Fallos de diseño errores de entrenamiento o ataques coordinados pueden propagarse con rapidez generando efectos en cascada difíciles de anticipar o controlar.
La literatura sobre sistemas complejos ha mostrado que a medida que aumenta la interconexión disminuye la capacidad de aislamiento del fallo. El riesgo ya no reside solo en el mal funcionamiento de un componente sino en la interacción no prevista entre múltiples sistemas optimizados de forma independiente. El informe reconoce esta fragilidad, pero no cuestiona el paradigma de hiperoptimización que la produce. Se asume implícitamente que la solución pasa por más gobernanza tecnológica sin interrogar el modelo de desarrollo que hace necesaria esa gobernanza.
Existe además una dimensión ética y de poder que merece mayor atención. Las decisiones sobre diseño implementación y control de tecnologías avanzadas están concentradas en un número reducido de actores corporativos y estatales. Esta concentración limita la transparencia y dificulta el control democrático de sistemas que influyen de forma directa en la vida cotidiana de millones de personas. El riesgo tecnológico no es solo técnico. Es un riesgo de asimetría de poder y de opacidad estructural.
Resulta significativo que el informe utilice con frecuencia expresiones como resultados adversos de la inteligencia artificial sin definir con precisión qué se entiende por adverso ni para quién. Una tecnología puede ser altamente eficiente desde el punto de vista económico y al mismo tiempo profundamente perjudicial para la cohesión social la salud mental o la autonomía individual. Sin una definición clara de los valores que se desean proteger la gestión del riesgo tecnológico corre el peligro de convertirse en una mera cuestión de estabilidad del sistema y no de bienestar humano.
En este contexto la tecnología aparece en el informe como un riesgo emergente que debe ser gestionado, pero no como un entorno cognitivo que ya está reconfigurando la forma en que las sociedades piensan recuerdan y deciden. Esta omisión es crítica. Ignorar la dimensión neurocognitiva de la transformación digital equivale a analizar el impacto de una sustancia psicoactiva limitándose a su cadena de suministro sin estudiar sus efectos sobre el cerebro.
El verdadero desafío no consiste únicamente en regular tecnologías concretas, sino en comprender cómo estas tecnologías están alterando las condiciones mismas bajo las cuales identificamos evaluamos y respondemos a los riesgos.
En un mundo donde los sistemas que median la información influyen en la percepción del peligro la propia noción de riesgo se vuelve un objeto disputado. La pregunta ya no es solo qué riesgos enfrentamos sino quién controla los marcos cognitivos desde los que esos riesgos son interpretados.
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Riesgos sociales y de polarización
El Global Risks Report 2026 del World Economic Forum sitúa la polarización social la desinformación y la pérdida de cohesión como riesgos centrales en el corto plazo. A diferencia de otros ámbitos el informe reconoce que estos factores no son amenazas abstractas sino dinámicas ya activas que afectan a la gobernabilidad la confianza institucional y la estabilidad de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, el tratamiento que se hace de estos riesgos sigue siendo descriptivo y prudente evitando una confrontación directa con las causas estructurales que los generan.
La polarización no emerge de manera espontánea ni es el resultado inevitable de diferencias ideológicas. Es un fenómeno producido por la interacción entre desigualdades materiales sistemas mediáticos fragmentados incentivos políticos de corto plazo y arquitecturas digitales que amplifican el conflicto emocional. Reducirla a un riesgo social más implica pasar por alto que actúa como un catalizador que agrava prácticamente todos los demás riesgos identificados en el informe.
Cuando la confianza entre grupos se erosiona se debilita la capacidad de respuesta colectiva ante crisis económicas ambientales o sanitarias. La cooperación se vuelve sospechosa el consenso se interpreta como debilidad y la incertidumbre se llena con narrativas simplificadoras que prometen orden a cambio de exclusión. En este contexto el riesgo social no es solo una consecuencia de otros riesgos sino una condición que los hace más peligrosos y difíciles de gestionar.
El informe reconoce la expansión de la desinformación como un factor clave, pero tiende a tratarla como un problema de contenidos falsos o manipulados. Esta aproximación resulta limitada. El impacto más profundo de la desinformación no reside únicamente en la circulación de falsedades sino en la erosión progresiva de la noción misma de verdad compartida. Cuando los marcos de referencia comunes desaparecen la discusión pública deja de basarse en hechos debatibles y se transforma en un enfrentamiento de identidades cerradas.
Desde la sociología del conocimiento sabemos que las sociedades necesitan relatos compartidos para sostener instituciones legítimas. Cuando estos relatos se fragmentan la autoridad pierde anclaje simbólico y las normas dejan de percibirse como justas. El resultado es un aumento del cinismo político del repliegue identitario y de la aceptación de soluciones autoritarias presentadas como restauradoras del orden.
Un aspecto especialmente problemático del enfoque del informe es la tendencia a presentar la polarización como un riesgo a gestionar sin abordar de manera explícita las estructuras de poder que la alimentan. La concentración de riqueza la precarización laboral la percepción de injusticia distributiva y la sensación de pérdida de control sobre el propio destino son factores ampliamente documentados que erosionan la confianza social. Hablar de polarización sin integrar estas dimensiones equivale a describir el conflicto sin analizar el terreno sobre el que se libra.
La erosión institucional no se manifiesta únicamente en la pérdida de confianza en gobiernos o parlamentos. Afecta también a sistemas judiciales medios de comunicación ciencia y expertos. Cuando todas las fuentes de autoridad son cuestionadas de forma indiscriminada la sociedad entra en una fase de vulnerabilidad cognitiva donde cualquier narrativa suficientemente emocional puede ganar tracción independientemente de su veracidad o coherencia.
El informe señala correctamente que esta fragilidad institucional aumenta el riesgo de inestabilidad política y social. Sin embargo, evita una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto las propias dinámicas del modelo económico y tecnológico dominante están contribuyendo a socavar las instituciones que dicen proteger?
La externalización de costes sociales la automatización sin redes de protección adecuadas y la gobernanza opaca de sistemas complejos generan una brecha creciente entre decisiones y consecuencias percibidas por la ciudadanía.
En este escenario la polarización no es una anomalía sino una respuesta adaptativa disfuncional a un entorno percibido como injusto e incontrolable. Los individuos buscan certezas pertenencia y sentido en comunidades cerradas cuando las instituciones formales dejan de ofrecerlos. El riesgo social es por tanto inseparable de un déficit de legitimidad que no puede resolverse únicamente con estrategias de comunicación o alfabetización mediática.
Resulta significativo que el informe identifique la cohesión social como un activo a preservar sin cuestionar los mecanismos que la erosionan de manera sistemática. La cohesión no se decreta ni se gestiona como un indicador técnico. Se construye a través de experiencias compartidas de justicia previsibilidad y reconocimiento. Sin estos elementos cualquier intento de mitigar la polarización se limita a tratar los síntomas sin abordar la causa.
Desde esta perspectiva los riesgos sociales descritos en el Global Risks Report 2026 no son un apartado más del análisis. Constituyen el terreno sobre el cual se juegan todos los demás riesgos. Sin confianza no hay cooperación y sin cooperación no hay respuesta eficaz a amenazas complejas. Ignorar esta interdependencia equivale a diseñar estrategias de resiliencia sobre una base social cada vez más frágil.
La verdadera pregunta no es si la polarización representa un riesgo creciente sino si las estructuras actuales de poder economía y tecnología permiten generar las condiciones necesarias para revertirla.
Mientras esta cuestión permanezca fuera del debate central los riesgos sociales seguirán siendo diagnosticados, pero no resueltos convirtiéndose en una constante estructural del mundo que el informe pretende describir y anticipar.
Conclusiones
El Global Risks Report 2026 se presenta como un ejercicio de anticipación orientado a ayudar a gobiernos empresas e instituciones a navegar un mundo crecientemente incierto. Su valor principal reside en ofrecer una imagen sintética de las preocupaciones dominantes entre quienes ocupan posiciones de decisión global. Pero, precisamente por ese motivo, el informe debe leerse menos como una cartografía objetiva del futuro y más como un espejo de las ansiedades prioridades y marcos cognitivos de las élites contemporáneas.
A lo largo del análisis ha quedado claro que el informe identifica correctamente muchos de los síntomas de la inestabilidad global. La confrontación geoeconómica la crisis climática la transformación tecnológica acelerada y la polarización social son fenómenos reales ampliamente documentados. El problema no reside tanto en lo que el informe incluye como en cómo lo organiza cómo lo jerarquiza y qué presupuestos deja intactos. En ese sentido el riesgo no aparece solo como un objeto de análisis sino también como un instrumento narrativo que orienta la acción política y económica en direcciones concretas.
Uno de los elementos más problemáticos es la forma en que el informe fragmenta el tiempo. Al separar los riesgos en horizontes de corto y largo plazo se introduce una lógica de gestión que favorece la reacción frente a la prevención y la estabilidad inmediata frente a la transformación estructural. Esta arquitectura temporal permite reconocer amenazas existenciales como el cambio climático mientras se legitima su aplazamiento sistemático. El riesgo se reconoce, pero se desplaza siempre hacia un futuro ligeramente posterior al presente lo que reduce su capacidad de movilizar decisiones profundas.
Algo similar ocurre con los riesgos tecnológicos. El informe reconoce su creciente importancia, pero los trata principalmente como desafíos de gobernanza externa sin integrar plenamente su impacto sobre la cognición humana y la calidad del vínculo democrático. La tecnología aparece como una herramienta poderosa que puede fallar o ser mal utilizada pero no como un entorno que ya está reconfigurando la forma en que las sociedades perciben la realidad procesan la información y toman decisiones colectivas. Esta omisión es especialmente grave en un contexto donde la percepción del riesgo está mediada precisamente por sistemas tecnológicos.
En el plano social el informe identifica correctamente la polarización y la erosión de la cohesión como amenazas inmediatas. Sin embargo, evita confrontar las causas estructurales que las producen. La desigualdad la precarización la concentración de poder y la opacidad en la toma de decisiones aparecen como telón de fondo, pero no como elementos centrales del diagnóstico. De este modo la polarización se presenta como un riesgo a gestionar y no como una consecuencia lógica de un modelo que ha debilitado los mecanismos de legitimidad y confianza.
Quizá la limitación más profunda del informe sea su tendencia a naturalizar el marco de competencia. La confrontación geoeconómica se describe como un hecho casi inevitable ante el cual solo cabe adaptarse mejor. Esta narrativa reduce el espacio para imaginar alternativas cooperativas y refuerza una lógica de suma cero que puede convertirse en profecía autocumplida. Al definir el mundo como un tablero de competencia permanente el informe contribuye a consolidar ese mismo mundo.
Nada de esto invalida el valor del Global Risks Report 2026 como herramienta de reflexión, pero sí exige una lectura crítica que evite convertirlo en un oráculo incuestionable. Los riesgos no existen en abstracto. Son definidos priorizados y comunicados desde posiciones concretas de poder conocimiento e interés. Comprender esta dimensión es esencial para no confundir gestión del riesgo con preservación del statu quo.
Finalmente, el informe plantea una cuestión que no formula explícitamente. No se trata solo de qué riesgos enfrentamos sino de quién decide qué es un riesgo qué se considera aceptable y qué se pospone. Mientras estas preguntas permanezcan fuera del debate central cualquier estrategia de mitigación seguirá siendo parcial y reactiva.
Tal vez el mayor riesgo no sea ninguno de los enumerados sino la tendencia a tratar el futuro como una sucesión de amenazas externas que deben gestionarse sin cuestionar los marcos que las generan. Si el riesgo se convierte en una coartada para no transformar aquello que produce vulnerabilidad entonces deja de ser una herramienta de anticipación y se transforma en un mecanismo de conservación.
La pregunta que queda abierta no es si el mundo será más incierto sino si seremos capaces de revisar los supuestos desde los que interpretamos esa incertidumbre. Estamos dispuestos a cuestionar no solo los riesgos que se nos presentan sino el poder que define qué es un riesgo y para quién.
Referencias
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